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18 Sep
18Sep

Transformación, retos y logros en una lucha contra la delincuencia

El Salvador, un país ubicado en América Central, ha enfrentado durante décadas el desafío del pandillerismo, con estimaciones que señalan la existencia de más de 70,000 miembros de pandillas en su territorio. La raíz de este problema se remonta a la deportación de miles de jóvenes salvadoreños, afiliados a pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, desde Los Ángeles, Estados Unidos. Estos jóvenes llevaron consigo el conocimiento y la estructura de estas pandillas, encontrando en un país que aún se recuperaba de un conflicto armado un terreno propicio para expandirse.

Antes del mandato de Nayib Bukele, el fenómeno del pandillerismo en El Salvador se había gestado como un efecto de las deportaciones masivas de jóvenes pandilleros desde Estados Unidos. Este contexto proporcionó las bases para la posterior proliferación de pandillas en el país.

Sin embargo, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, se implementaron políticas y medidas drásticas para combatir esta problemática. Durante su mandato, Bukele intensificó su ofensiva contra las pandillas, y en respuesta a un aumento de homicidios en marzo de 2022, solicitó la declaración de un régimen de excepción. Esta medida autorizó detenciones sin orden judicial y restringe las libertades civiles, lo que llevó a la detención de un considerable número de personas.

Desde la implementación del régimen de excepción en marzo hasta agosto del mismo año, se detuvo a un total de 55,062 personas. El 85% de los detenidos eran hombres, mientras que el 15% eran mujeres. Además, el 68.9% de ellos fue acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), seguido por la facción Sureños de la pandilla Barrio 18 con un 17.7%, y la facción Revolucionarios de la misma agrupación con un 12.7%.

Estas políticas implementadas por Bukele tuvieron un impacto significativo en la lucha contra las pandillas y la reducción de la violencia. Según las cifras oficiales, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes disminuyó de manera notoria, pasando de 51 en 2018 a 35.8 en el año siguiente, y alcanzando un mínimo de 20 por cada 100,000 habitantes en 2021.

No obstante, estas políticas también han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Sectores de la oposición salvadoreña y diversas organizaciones no gubernamentales han cuestionado la naturaleza de las medidas adoptadas por el mandatario, considerándose exageradas. Incluso la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los anuncios del gobierno de Bukele.

Las políticas implementadas por Nayib Bukele han resultado en una cantidad significativa de detenciones y han tenido un impacto fuerte en las estructuras pandilleras, contribuyendo a la disminución de los índices de violencia en El Salvador. Sin embargo, estas medidas también han generado preocupaciones legítimas en relación con los derechos humanos y las libertades civiles, lo que plantea un desafío importante en el equilibrio entre la seguridad pública y la preservación de los derechos fundamentales en el país centroamericano.


Transformación en la Lucha contra el Pandillerismo: Impactos y Desafíos

Seguridad Pública

La transformación en la lucha contra el pandillerismo en El Salvador ha repercutido de manera notable en la seguridad ciudadana. El denominado Plan de Control Territorial, impulsado por el gobierno, ha sido el principal artífice en la drástica reducción de los índices de homicidios, transformando al país de ser uno de los más violentos del mundo a registrar una notable disminución en los crímenes violentos.

No obstante, es crucial destacar que este plan ha generado críticas y controversias, especialmente debido a la controvertida militarización del Congreso para su aprobación y a las más de 19,000 detenciones de individuos sospechosos de vínculos con pandillas. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre las garantías de derechos civiles en el proceso.

Turismo y Seguridad

La mejora en la seguridad pública podría, con fundamento, tener un impacto positivo en el sector turístico. El Salvador podría ser percibido como un destino más seguro y atractivo para los visitantes, lo que podría impulsar la industria turística y contribuir al crecimiento económico del país.

Impacto Económico

La lucha contra las pandillas también tiene repercusiones económicas significativas. El gobierno ha destinado recursos considerables para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, una inversión que se ha traducido en una disminución de la violencia. Sin embargo, para abordar de manera sostenible el problema de las pandillas, es esencial adoptar estrategias a largo plazo que modifiquen las condiciones subyacentes que impulsan a algunos sectores de la población hacia la delincuencia como medio de supervivencia.

Esto podría implicar una inversión en áreas críticas como la educación, la creación de empleo y la expansión de los servicios sociales. De esta manera, no solo se atacaría el síntoma, sino también la raíz del problema, promoviendo un entorno más seguro y próspero en El Salvador a largo plazo.


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