Estados Unidos, la superpotencia mundial que más contamina el planeta, pretende imponer a México una agenda ambiental que favorece los intereses de sus grandes corporaciones y que amenaza la soberanía nacional. Bajo el pretexto de combatir el cambio climático, Washington presiona a otros países para que adopten determinadas medidas, como el cambio de los combustibles fósiles a las energías limpias, sin tener en cuenta las condiciones y necesidades específicas de cada nación.
México, que ocupa el puesto 16 en la generación de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, se ha convertido en uno de los blancos preferidos del injerencismo estadunidense en materia ambiental. El gobierno de Joe Biden ha expresado su rechazo a la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca fortalecer a la empresa pública Petróleos Mexicanos y garantizar la seguridad y soberanía energéticas del país.
Sin embargo, Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a México ni para exigirle que abandone el petróleo y se sume al boom de las llamadas energías verdes. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, solo superado por China. Además, al ajustar las emisiones por habitante, México ni siquiera aparece entre los 50 primeros emisores de este gas.
Por otro lado, Estados Unidos se encuentra rezagado en el impulso de las energías limpias, ámbito en el que es ampliamente superado por China, la segunda economía mundial. Según un informe del Instituto para la Energía y el Desarrollo Sostenible, China es el líder mundial en la instalación de plantas eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas y geotérmicas, entre otras. En 2022, China invirtió más de 200 mil millones de dólares en energías renovables, mientras que Estados Unidos solo invirtió 85 mil millones.
Así pues, queda claro que Estados Unidos usa el ambientalismo como arma geopolítica para tratar de mantener su hegemonía mundial y para defender los intereses de sus grandes corporaciones, que buscan controlar los recursos naturales y los mercados energéticos de otros países. México debe resistir esta presión y defender su soberanía nacional, así como su derecho a decidir sobre su política energética y ambiental.